15 de enero de 2010
- La Jornada.-
RAÚL ZIBECHI
México SA
Cerrazón gubernamental ante el conflicto por la desaparición de LFC
Vicio, por hacer negocios privados con recursos públicos
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
En rápida ceremonia, Alonso Lujambio también informó del relevo en la Unidad de Planeación
Sale Székely de la SEP; advierte estancamiento de 20 años en cobertura de educación superior
Su cargo en la subsecretaría del ramo será ocupado por Miguel Ángel Martínez Espinosa
- El Universal.- ¿A quién benefician los cambios en la Secretaría de Educación?
- Uno mas uno.-
JUAN JOSÉ HUERTA
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Urgencia por frenar a las derechas
RAÚL ZIBECHI
Una de las mayores dificultades para frenar la ofensiva de las derechas latinoamericanas es la fragilidad política e ideológica del progresismo. En los próximos años podemos asistir a un hecho paradójico: que la retirada del imperio en la región vaya de la mano del ascenso de nuevas derechas, en algunos casos de carácter empresarial y en otros vinculadas al progresismo gobernante.
Estos días se desarrollan debates y batallas políticas en el Cono Sur del continente que ponen de relieve ese crecimiento del derechismo. En Chile este domingo la derecha puede volver a La Moneda, pero si lo hace será porque el progresismo presentó al peor candidato posible, Eduardo Frei, quien para muchos chilenos presenta pocas diferencias con Sebastián Piñera, al punto que no pudo siquiera cosechar la mitad de las simpatías con que cuenta la presidenta Michelle Bachelet.
En Argentina la derecha se enfiló detrás del presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien se negó a seguir las órdenes de la Casa Rosada de pagar parte de los vencimientos de la deuda externa con reservas monetarias. Una vez más el gobierno de Cristina Fernández aparece jaqueado desde dentro, como sucedió hace casi dos años cuando el vicepresidente Julio Cobos se pasó a la oposición ante el conflicto entre el gobierno y las gremiales rurales. Por bochornosas que puedan ser estas actitudes, no debe olvidarse que fue el oficialismo quien los colocó en los cargos que ocupan, aun sabiendo que el actual presidente del Banco Central es un hombre cercano al ex ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo.
En Brasil, Lula está dando marcha atrás en su Programa Nacional de Derechos Humanos ante la andanada de críticas de los medios, los militares, la Iglesia y la oposición. La tercera edición de este programa contempla la creación de una comisión de la verdad para desvelar los crímenes de la dictadura militar (1964-1985), revisar la Ley de Amnistía de 1979, promover la despenalización del aborto y dar carácter legal a la unión civil entre personas del mismo sexo, así como varias iniciativas de carácter social. Aunque los movimientos sociales y sindicales apoyan el programa, el presidente se mostró dispuesto a congelarlo para no perjudicar a la candidata del PT y actual ministra de la Casa Civil, Dilma Rousseff, en las elecciones presidenciales de octubre.
En los tres casos mencionados las ofensivas de las respectivas derechas, siempre apoyadas por los grandes medios, pueden prosperar solamente por las tibias y frágiles respuestas del progresismo. Sin embargo la ofensiva derechista menos conocida es la que estos días tiene lugar en Uruguay, en Punta del Este, en plena temporada turística. Una juez de Maldonado, capital del departamento donde está el balneario, decidió aplicar el polémico Código de Procedimiento Policial para expulsar del balneario a “inminentes delincuentes”, o sea personas con antecedentes penales o “sospechosas”, aunque no estuvieran cometiendo ningún delito. En pocos días fueron expulsadas 28 personas.
Como señaló el semanario Brecha, la derecha y los empresarios de Punta del Este vienen exigiendo que se establezca algo así como una “zona libre de sucios, pobres y feos”, que en los hechos es un castigo a los trabajadores pobres que acuden a esos sitios en busca de empleos temporales. Aunque algunos magistrados condenaron la decisión de la justicia por considerarla inconstitucional, mientras los empresarios y los policías la aplauden, lo sorprendente es la reacción de una parte de la izquierda. Eduardo Bonomi, tupamaro y futuro ministro del Interior cuando asuma la presidencia José Mujica el 1º de marzo, se mostró partidario de la mano dura y aseguró que “en la propia izquierda hay un proceso de aprendizaje” en temas como seguridad y delincuencia.
Un hombre como Bonomi, que estuvo años preso por haber tomado las armas en nombre de la revolución, dijo a un semanario de la derecha justo lo que ese sector quiere escuchar: llegó a justificar que se proceda contra los chicos que limpian los parabrisas en los semáforos o piden dinero en la calle. En su opinión, la finalidad de la policía es “detectar a los eventuales delincuentes antes de que cometan el delito”. Esta actitud “preventiva” implica una suerte de criminalización de la pobreza y va de la mano de la militarización de los barrios periféricos y otras zonas “calientes”. Ha sido, siempre, el discurso de la derecha que apela a la seguridad ciudadana como forma de control de los de abajo.
El caso uruguayo es grave porque en este país nunca se había llegado tan lejos en el “combate a la delincuencia”. Pero, sobre todo, porque la izquierda acaba de ganar las elecciones con holgura y no hay ningún riesgo de que la derecha desplace del poder al Frente Amplio. Las opiniones del futuro ministro del Interior revelan un viraje de largo aliento que es similar al que se está produciendo en otros progresismos del continente. Quiero decir que no estamos ante un repliegue táctico sino ante la adopción de aspectos centrales de la ideología de la derecha.
Mucho más allá de lo que suceda este domingo en Chile, y del modo como se resuelva la crisis argentina, es cada vez más evidente que el progresismo, o sea una cierta izquierda de clases medias y profesionales, ha tocado techo y ya no es capaz de producir algo que la diferencie verdaderamente de las derechas. Estamos ante una fractura social sin paliativos, provocada por el neoliberalismo pero que el modelo extractivista en curso sigue profundizando, donde las clases medias y los trabajadores con empleo formal están cada vez más alejados –cultural y socialmente– de los pobres de las periferias urbanas. En la medida que los pobres salen de sus guetos son visualizados como peligrosos y se los acusa de delincuentes o de narcos. Sólo en la Bolivia de Evo Morales el gobierno acepta que los de “más abajo” puedan ser sujetos políticos. En el resto del continente, aun cuando se organizan en movimientos, se los busca distraer con programas sociales o se les envía la policía.
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México SA
Cerrazón gubernamental ante el conflicto por la desaparición de LFC
Vicio, por hacer negocios privados con recursos públicos
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
Vueltas y más vueltas da el gobierno calderonista en su visceral confrontación con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Un día convoca y al siguiente cancela; al siguiente pide sentarse a negociar”, no sin antes advertir que “no hay nada que negociar”; más adelante acepta la participación de una “comisión de notables” en las negociaciones, para 24 horas después exigir “negociación directa” con el SME. Y tres meses después del decretazo, la fiesta no concluye. Entonces, simple y sencillamente, “no quiere que se resuelva”, denuncia Martín Esparza, mientras uno de los “cinco notables” advierte sobre la posibilidad del “endurecimiento” del inquilino de Los Pinos “y la utilización de instrumentos que siempre deben ser los últimos ejercidos por un Estado, que es el uso de la fuerza” para “arreglar” de una vez por todas el conflicto con la organización obrera.
En este deplorable circo algunos consideran que la cerrazón gubernamental no es más que “falta de visión política”, aunque otros advierten que en realidad es producto de una “excesiva visión de negocios privados” con bienes de la nación, toda vez que el objetivo del decretazo del pasado 11 de octubre es que el capital privado ocupe el espacio de la otrora paraestatal Luz y Fuerza del Centro al capital privado y quitar del camino al único estorbo (léase el SME).
Cuando menos esa es la conclusión a la que llega el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en un detallado análisis sobre la situación actual del sector eléctrico en México: “con la extinción de Luz y Fuerza del Centro puede abrirse una nueva restructuración en el sector eléctrico, y aunque la actividad principal de esa empresa era la distribución y el despacho económico, la empresa contaba con activos de generación y transformación. Con base en la ley vigente, existe la posibilidad de que la actividad de generación que tenía a su cargo LFC pueda ser concesionada a productores independientes de energía...”
Lo anterior cuadra perfectamente con la anunciada pretensión de Felipe Calderón, hecha pública desde su efímero paso por la Secretaría de Energía en tiempos de Fox, de privatizar el sector eléctrico (“dar certidumbre jurídica a los inversionistas”, obviamente privados), en el que la participación de los llamados “productores independientes” ha crecido como la espuma con los panistas en Los Pinos.
En efecto, de finales de 2000 a mediados de 2009 la capacidad instalada de los referidos “productores independientes” en el sector eléctrico se incrementó en casi 2 mil 300 por ciento y la de los permisionarios privados en 135 por ciento, mientras la correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad creció 40 por ciento y la de la extinta Luz y Fuerza del Centro 42 por ciento, de acuerdo con el citado análisis de la Cámara de Diputados.
No está en duda la falta de visión política del calderonato (allí están los resultados), pero es notoria la vocación privatizadora del panismo y la enfermiza tendencia de sus dos inquilinos de Los Pinos de armar negocios privados con bienes públicos. En el caso de Luz y Fuerza del Centro en la mesa del patrón está servido el apetitoso manjar que representa la red de fibra óptica (mil 100 kilómetros) financiada con recursos de la nación. Y las jugosas utilidades (privadas, según el plan gubernamental) están a la vista: la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad tiene 26 mil kilómetros de longitud, y mil 100 kilómetros la de LFC. Sin embargo, la primera tiene en promedio 2 mil 961 clientes potenciales por kilómetro; la segunda, 27 mil 273 clientes por kilómetro (10 veces más, en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico).
Entonces, las vueltas y vueltas se resumen en la obvia la falta de visión política, revestida con autoritarismo, del inquilino de Los Pinos, pero también el vergonzante vicio de armar negocios privados con recursos públicos. De acuerdo con el análisis de la Cámara de Diputados, “a partir de los intentos de reforma estructural del sector eléctrico a finales de la década de los 90, el sector eléctrico mexicano ha presentado un cambio estructural importante desde el punto de vista del sector institucional que genera el fluido eléctrico, es decir, en el último quinquenio se observa una importante participación del sector privado en la capacidad instalada y generación de energía eléctrica. Recientemente con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el sector eléctrico continuará presentando modificaciones al interior de su estructura”.
Además, “con relación a las leyes aprobadas en la Reforma Energética de octubre de 2008, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, tiene como objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y tecnologías limpias para la generación de electricidad que no estén contempladas (constitucionalmente) en la prestación del servicio público de energía eléctrica, en otras palabras, esta ley está orientada a fomentar la participación de particulares en la producción independiente en proyectos de generación de electricidad a partir de energías alternas”.
El sector eléctrico mexicano ha sido objeto de diversos cambios en su estructura, y a lo largo de su desarrollo “se pueden identificar tres etapas: la primera, comprende desde las primeras inversiones en electricidad en el último cuarto del Siglo XIX hasta la creación de la Comisión Federal de Electricidad en 1937. La segunda, a la expansión de CFE, que incluye su nacionalización en 1960 y la unificación e interconexión del sistema en 1976 hasta conformar un sector integrado, en ella se observa la presencia de un modelo monopólico integrado verticalmente. La tercera inicia a partir de las modificaciones al marco jurídico en 1992, con la apertura a la participación privada en la generación de electricidad, hasta la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Este último hecho permite vislumbrar una nueva etapa en la estructura de este sector”.
Las rebanadas del pastel
Por si alguna duda quedara en los legisladores que exigieron, y lograron, la comparecencia de Ernesto Cordero ante la Comisión Permanente, la Secretaría de Hacienda les notificó oficialmente que “congelar o disminuir los precios de las gasolinas y el diesel implicaría mayor rezago en su costo, con sus consecuentes perjuicios sobre las finanzas públicas federales, estatales y municipales... al disminuirlos se estaría dando una señal errónea a los consumidores”. Entonces, los de San Lázaro y Xicoténcatil ya pueden actuar en consecuencia (congelar precios de los combustibles), como lo anunciaron días atrás.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
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En rápida ceremonia, Alonso Lujambio también informó del relevo en la Unidad de Planeación
Sale Székely de la SEP; advierte estancamiento de 20 años en cobertura de educación superior
Su cargo en la subsecretaría del ramo será ocupado por Miguel Ángel Martínez Espinosa
KARINA AVILÉS
Periódico La Jornada
Viernes 15 de enero de 2010, p. 39
Aunque en cinco minutos el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, oficializó la salida del subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, y del titular de la Unidad de Planeación, Jorge Santibáñez, sin mayor mención que el trillado reconocimiento a su labor, el subsecretario saliente entregó un pormenorizado informe en el que advirtió que el país presenta un estancamiento de la cobertura en las dos décadas recientes, por lo que el reto en este año es generar 110 mil lugares mediante la creación del bachillerato del Bicentenario en la capital del país, entre otras medidas.
Székely Pardo expresó, al término de la ceremonia, en la que no estuvo presente Jorge Santibáñez, que el motivo de su salida no es ningún secreto: “Son ciclos políticos, son cambios de prioridades, conformación de nuevos equipos de trabajo”. Y añadió que deja el cargo muy agradecido con la ex titular de la dependencia, Josefina Vázquez Mota, quien lo invitó a participar en este proyecto. De modo, afirmó, que “ni me voy triste, ni deprimido”.
En el salón Simón Bolívar, con escasos asistentes, Lujambio expresó que hay “millones de jóvenes que esperan resultados tangibles lo más pronto posible” y lo que pretendió destacar de su discurso fue la carrera del sucesor de Székely, Miguel Ángel Martínez Espinosa, a quien se le identifica como parte del grupo del presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña.
Entonces, mencionó su paso como regidor, diputado local, y secretario de Educación, aunque evitó señalar que pertenece al PAN, y consideró que Martínez Espinosa tiene una amplia experiencia y conocimiento del sector.
Hasta el final, mencionó la salida de Santibañez, quien será sustituido por Francisco Ciscomani, este último parte del grupo cercano a Lujambio. La Unidad de Coordinación Ejecutiva de la SEP, antes encabezada por Ciscomani, quedará a cargo de Juan Alfonso Mejía López, quien laboró en la Secretaría de la Función Pública y en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
En un amplio y detallado balance, Székely Pardo estableció que se presenta una “profunda reducción de la matrícula del sistema educativo nacional en 46 por ciento entre el tercer grado de secundaria y el último año de bachillerato. Del primero al segundo año de la educación media superior la tasa de cobertura se reduce casi en 20 por ciento”.
Señaló que en 2006 “se presentaba un “déficit histórico de inversión” de 20 mil millones de pesos. Había una ausencia de una política pública estructurada, de programas institucionales, de mecanismos de evaluación, dispersión de los subsistemas que conforman el bachillerato y una evidencia de la baja calidad y de la pertinencia del servicio. Todo ello, frente a una presión demográfica, ya que, como se conoce, en 2012 habrá la mayor cantidad de jóvenes en nuestro país.
Por ello, destacó que para 2010 se debe llegar a una cobertura de 65 por ciento, mediante una inversión de 3 mil millones de pesos para la mejora de 4 mil 500 bachilleratos y la creación de 240 nuevos planteles, así como la puesta en marcha del bachillerato del bicentenario y un nuevo CBTIS en Ciudad Juárez.
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Bajo Reserva
15 de enero de 2010
¿A quién benefician los cambios en la Secretaría de Educación?
¿A quién benefician los cambios en la Secretaría de Educación? A ocho meses de haber asumido el cargo, el secretario, Alonso Lujambio Irazábal, argumenta que es momento de enriquecer la deliberación en su equipo de trabajo respecto de las reformas que están en curso y decidió despedir a dos altos funcionarios. Claro está que cualquier secretario de Estado quiere trabajar con personas de su confianza, eso nadie podría cuestionarlo. Sin embargo, resulta que los dos despedidos tienen algo en común: no son bien vistos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Vamos por partes. Nos comentan que en menos de tres años hubo tres peticiones del poderoso sindicato de maestros, que comanda Elba Esther Gordillo Morales, para que Jorge Santibáñez, que hasta ayer ocupaba la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, fuera despedido de su cargo, una de ellas durante las negociaciones de la Alianza por la Calidad de la Educación y la definición de los exámenes de plazas para maestros. Josefina Vázquez Mota nunca entregó la cabeza de Santibáñez al sindicato mientras fue secretaria. Ahora es uno de los despedidos. En el caso del subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, el otro destituido, era pública su mala relación con el sindicato. El trato ríspido se dio desde el inicio de la administración con el establecimiento de exámenes para directores del bachillerato y desde entonces quedó fuera de toda comisión negociadora con el SNTE. Nos aseguran que en al menos una ocasión también se solicitó su cabeza. Puede ser que el secretario Alonso Lujambio, quien ha solicitado al PAN su inclusión como miembro activo del partido, no logre obtener la candidatura presidencial del blanquiazul para el 2012, pero si sigue como va seguro amarrará la del PANAL.
Mientras los habitantes del estado de Morelos —y en especial los de su capital, Cuernavaca— se encuentran aún consternados por la infiltración del narcotráfico en las instituciones, el presidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, envió ayer a la Cámara de Diputados cientos de botellas de whisky “etiqueta negra”. Martínez comisionó a personal de su oficina para entregar los regalos con el pretexto de la navidad. Las botellas empacadas en papel celofán lucieron por todos los pasillos en San Lázaro con la tarjeta de felicitación del funcionario.
Ninguna autoridad federal lo confirmó de manera oficial, pero según lo dicho por José Reyes Ferriz, alcalde de Ciudad Juárez, la retirada total del Ejército mexicano de las calles de esa plaza podría darse hasta el 31 de marzo. El edil aclaró que de ningún modo se contempla que en los próximos días el Ejército mexicano salga por completo; aclaró que aunque la Policía Federal relevará a los soldados que apoyan a la Policía Municipal en las labores de patrullaje y vigilancia de las calles el proceso será largo.
Apunte final. Después de varios de días de intercambio de cartas, de reclamos y explicaciones, el presidente Felipe Calderón y el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, firmaron ayer la paz bebiendo un vaso de agua durante la inauguración de una planta potabilizadora en Morelia. // Nos comentan que en breve Manlio Fabio Beltrones se dará de alta en “Twitter”. Actualmente existen varios usuarios que utilizan el nombre del coordinador de los senadores priístas en esa red social, aunque todos ellos son falsos.
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Reforma política, poder dividido y gobernanza
JUAN JOSÉ HUERTA
OPINIÓN
Viernes 15 de Enero, 2010
Hora de modificación: 03:35
Pronto, el Congreso iniciará la discusión a fondo del proyecto de reforma política que el presidente Felipe Calderón presentó el 15 de diciembre pasado, “cuyo eje ordenador ––como él lo declaró–– es que el ciudadano participe y perciba que sus órganos de representación están más atentos a sus demandas y necesidades; que quien los representa se preocupe, verdaderamente, por responderle al ciudadano… que el mandato de los ciudadanos en la representación política se pueda ejercer de mejor manera y mucho más cercana a su voluntad y a sus decisiones”.
Se trata de objetivos muy loables porque, en efecto, el indudable (aunque muy paulatino) avance político en México a lo largo de décadas se ha topado con el gran obstáculo de que los partidos políticos, en lugar de ser un instrumento para la mejor organización de los ciudadanos, para aglutinarlos eficazmente de acuerdo a las diversas tendencias políticas, y propiciar así su participación e influencia en las decisiones públicas, los partidos, digo, se convirtieron en valladares insuperables, atropellaron las voces particulares y hasta le arrebataron al ciudadano el derecho constitucional de ser votado para puestos de elección popular.
De aquí la importancia de las nuevas normas propuestas por el Presidente sobre candidaturas independientes, iniciativa popular, o aun la reelección consecutiva debidamente configurada, para pasar, como señaló él mismo, “del sufragio efectivo a la democracia efectiva”. Pues sí, pero aquí es el momento de hacer una indispensable acotación, que debiera estar al frente de las próximas discusiones de la reforma política: tan importante como una democracia efectiva es una democracia eficaz. Y es que la complejidad demográfica, organizativa, institucional, legal, que ha alcanzado la sociedad mexicana, está haciendo muy difícil el funcionamiento democrático, la gobernanza, la pronta y debida ejecución de los programas de gobierno, por más avanzados que puedan ser las normas y ordenamientos (sólo 36 por ciento de las obras incluidas en el Programa Nacional de Infraestructura se han podido licitar y asignar). Si cualquier nuevo esquema político no se adapta a esa nueva complejidad, se corre el riesgo de su falta de aplicabilidad y de nuevas decepciones por su fracaso.
Emblemático de esta nueva complejidad es el alto grado de división del poder político en México a que dio paso la desaparición de la presidencia todopoderosa. El Presidente de la república comparte el poder, por lo pronto, con un Congreso sujeto al interjuego de los tres mayores partidos, el suyo propio sólo uno de la tríada, a los que se alían los pequeños coyunturalmente, lo que hace obvia la necesidad de la negociación intensa y sin doble juego, algo que apenas se va entendiendo.
También, es crecientemente evidente que los 31 gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del DF son factores reales del poder nacional, algo que en la Presidencia de la República no se acaba de digerir. De allí que varios gobernadores sean cada vez más vocales contra la estrategia anticrimen del presidente Calderón, que le reviren sus críticas a la opacidad presupuestal en los estados, que las propuestas centralistas del Presidente, por ejemplo de una policía nacional, estén condenadas al fracaso; vaya, hasta que el gobernador de Michoacán,
Leonel Godoy, exija que se le explique por qué funcionarios federales van a ceremonias oficiales a su estado y lo ignoran.
El Poder Judicial en sus diferentes niveles, los 32 congresos o asambleas estatales, los alcaldes de las grandes ciudades del país, los presidentes de los municipios importantes tienen asimismo sus correspondientes parcelas del poder político nacional, igual que los titulares de los entes autónomos, como el IFE, la CNDH, el IFAI, la UNAM, etcétera.
Ni qué decir de los renombrados poderes fácticos, la Iglesia, los grandes empresarios, los grandes sindicatos, que en el esquema de partido dominante se sometían regularmente a las directrices principales del jefe de éste, el Presidente de la república, pero que en el nuevo diseño más plural persiguen con más ahínco sus propias reivindicaciones, muestra reciente de lo cual el nuevo protagonismo asumido por la jerarquía católica, que parece buscar, con el supuesto predominio de las leyes divinas sobre las humanas, el cambio del marco constitucional que define el laicismo del Estado mexicano.
En la propia sociedad civil se fortalecen órganos de acción colectiva en diferentes campos que están llegando a adquirir considerable influencia política, como la búsqueda de una mayor seguridad pública, la protección del medio ambiente, la defensa del consumidor.¿Esta nueva fragmentación del poder político es acaso
mala para la democracia? No, al contrario, la descentralización del poder, el que cada vez grupos más numerosos de la población participen en los asuntos públicos, facilita que los problemas locales sean resueltos descentralizadamente y que no se conviertan en temas “nacionales” difíciles de procesar; propicia que se atiendan mejor las necesidades específicas de la gente, que cada vez las decisiones públicas sean tomadas más cerca de los ciudadanos.
Propicia pero no lo garantiza, pues el punto clave viene a ser la eficacia de ejecución, la gobernanza, no caer en la inercia o, peor, en la anarquía; cómo hacer que el interjuego de todos estos poseedores de poder produzca los mejores resultados para cada grupo en particular, pero también para la sociedad como un todo; que no haya parcelas de poder intocables, cacicazgos, feudos; que cada quien reciba lo que tiene derecho sin lastimar el derecho de los demás.
Sin broma, cuando intervienen tantas variables, la gobernanza se convierte en una cuestión de interjuego casi matemático, para lo cual hasta resultaría aplicable la nueva “ciencia de la complejidad”, que divulgó en artículo en estas páginas el miércoles pasado el doctor Alejandro Frank Hoeflich.
Así, junto con el respeto a la voluntad legítima de los ciudadanos y que se acabe de una vez por todas con la corrupción en el ejercicio del poder, la gobernanza en una sociedad plural es actualmente uno de los mayores retos de nuestra democracia.
Por estas razones, el Presidente de la república no puede actuar ya como poder decisorio principal o central; tiene más bien que ser un poder orientador, conciliador de posiciones, propiciador del diálogo y de acuerdos a nivel nacional, para lograr la eficacia de resultados y para mantener el todo orgánico de la nación y preservarla de fuerzas desintegradoras.
Y lo mismo se aplica al Congreso de la Unión, sin que sea relevante si el régimen es presidencial, semiparlamentario o parlamentario, pues la nueva división plural del poder en México rebasa esa disyuntiva. Por eso, resultan improcedentes las propuestas de disminuir aún más las facultades presidenciales para transferirlas al Congreso, o la ratificación por éste de los miembros del gabinete presidencial. También, resultan superfluas las segundas vueltas en las elecciones, que sólo servirían en cada caso para dar mayorías ficticias referidas a sólo uno de los múltiples factores de poder.
La nueva situación requiere la descentralización: un renovado federalismo fiscal, del sistema educativo, en la ejecución de la política social y en materia de seguridad; Por supuesto, reforzar las capacidades de los 2,440 municipios del país para que puedan cumplir cabalmente las múltiples responsabilidades que la Constitución les tiene asignadas. Y la acción federal a nivel integrador, orientadora de los nuevos rumbos del mundo; afianzadora de valores que, en la pluralidad, refuercen el sentido de pertenencia de todos a la gran nación mexicana.
saepys
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